Tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos portugueses. El pasado 1 de mayo de 2017 pasará a la historia del país luso como el día en que los animales dejaron de ser cosas para convertirse en personas jurídicas. Esta noticia ocupó todos las portadas e informativos, por delante del día que oficialmente se celebra en esa fecha: el del trabajo. Y es que ese día marcó un antes y un después. A partir del 1 de mayo, a un dueño puede salirle muy caro dar un cachete a su mascota. Un ARISTOGATO podrá tener derecho a una pensión por manutención. Y un juez será quien decida el tipo de custodia, en caso de que se produzca un divorcio por parte de los padres del ARISTOPET. Todo eso y mucho más significa para los animales el 1 de mayo de 2017 en Portugal. Una fecha histórica.
El cambio legislativo aprobado hace unos meses por la Asamblea de la República, cambia la consideración jurídica de los animales, que pasan a ser «seres vivos», en lugar de «cosas». Este cambio abre un amplio abanico de consideraciones jurídicas y judiciales a las que muy pronto se van a enfrentar los jueces portugueses. Principalmente cuando diriman casos de divorcio en los que no hay acuerdo por parte de los miembros de la pareja.
En esos casos, un juez va a tener que sentenciar con quién se queda el animal o los animales. Un aspecto que, como ya os contamos en este post, sigue sin contemplarse en España. Pero no solo eso: los jueces también deberán decidir qué hacer con la mascota si ninguna de las dos partes la quiere, algo que por desgracia suele suceder. Desde enviarlo a la perrera, pasando por dejarlo en manos de una protectora, hasta obligar a los dueños a compartir su custodia… Los tribunales de familia serán los responsables de dirimir estos asuntos y tendrán que basar sus decisiones en aspectos como: cuál es la mejor casa para que el animal viva felizmente y cuál de los dos dueños dispone de más tiempo para cuidar de la mascota como es debido (nótese que aquí no utilizamos el término ARISTOPADRE, ya que si alguien se desentiende de su mascota lógicamente no es digno de ese término).
Asimismo, una vez determinada la futura residencia de la mascota, se abren más melones, como suele decirse. Como si por ejemplo la parte que se haga cargo de la mascota podrá exigir a la otra una pensión por manutención. Para alimentación, chip, vacunas, gastos veterinarios… Si con los hijos se hace así, tiene sentido que se replique el modelo en el caso de los ARISTOPETS, teniendo en cuenta que son parte de la familia y que en Portugal hay muy pocos niños, solo 1,5 millones, frente a los cerca de siete millones de mascotas.
La reforma en el Código Civil portugués también ahonda en el maltrato, el abandono o la muerte de cualquier animal, mascota o no, con «sufrimiento injustificado», lo que puede dar pie a un aluvión de denuncias con más respaldo legal. En 2016, en Portugal solo hubo tres condenas de las 1.300 denuncias. Algo que contrasta con los datos de España, pues según el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el año pasado realizó más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal como consecuencia de 783 infracciones penales que supusieron la detención o investigación de 490 personas, además de 11.729 infracciones administrativas.
Los abogados y los mismos legisladores están divididos sobre las consecuencias prácticas de la ley y esperan que los jueces vayan sentando jurisprudencia en un mundo desconocido hasta la fecha. Pero con o sin incertidumbre este momento tenía que llegar. Sobre todo en un país como Portugal, en el que hay casi siete millones de mascotas. Por lo que era fundamental que este aspecto empezara a legislarse y a sentar cátedra para los países que, esperemos, siguiendo el ejemplo de Portugal, se lancen a modificar el estatus jurídico de nuestros mejores amigos.
